Elena García
La pregunta sobre cuál es peor: el candidato de San Pedro, Nuevo León (del PAN), que supuestamente le pagaba al narco, o el candidato de Guadalajara, Jalisco (del PRI), que presuntamente le cobraba al narco, revela una profunda preocupación por la corrupción y el crimen organizado en la política mexicana. Ambos casos, si se comprueban, representan un grave problema de infiltración criminal en las instituciones públicas, pero varían en sus implicaciones.
Por un lado, un candidato que le paga al narcotráfico puede estar intentando “comprar” su protección o evitar ser blanco de la violencia, lo que podría interpretarse como una posición defensiva. Sin embargo, también sugiere una rendición o colusión, permitiendo que el narco ejerza control o influencia en su gestión. Este tipo de relaciones son peligrosas porque comprometen la integridad y autonomía de la autoridad pública, sometiéndola a los intereses del crimen organizado.
Por otro lado, un candidato que le cobra al narco plantea una situación aún más preocupante, ya que implica una explotación activa del poder para obtener beneficios financieros del crimen. En este caso, el político no solo estaría en colusión con los criminales, sino que además utilizaría su posición para enriquecerse, volviéndose parte del sistema criminal. Esta dinámica puede profundizar la corrupción y permitir que el crimen organizado se expanda con la complicidad de las autoridades.
Ambos escenarios son devastadores para el estado de derecho y la confianza en las instituciones públicas. Sin embargo, el candidato que le cobra al narco parece más proactivo en la explotación del poder para fines corruptos, lo que podría ser percibido como más grave por su implicación directa en la perpetuación del crimen organizado. En cualquier caso, ambos ejemplos resaltan la urgente necesidad de mayor transparencia, rendición de cuentas y reformas en el sistema político mexicano para combatir la corrupción y el crimen.
